Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía comenzarán, en tan sólo unos días, a ocupar de manera progresiva la nueva Comisaría Provincial de Alicante, la más moderna del país en la actualidad. La obra, ya concluida y con el mobiliario a punto, ha tenido un coste final de 8,2 millones de euros, cuatro menos del presupuesto máximo previsto en su día por el Gobierno central.

Después de una larga espera, en la que los sucesivos intentos de levantar otra sede fracasaron, por una u otra causa, la plantilla de agentes podrá abandonar, por fin, la que está considerada como la comisaría provincial más deteriorada de España. Un informe elaborado por el propio Ministerio del Interior antes de abordar la construcción recién acabada ya corroboraba esta realidad.

Las viejas instalaciones, ubicadas en la calle Médico Pascual Pérez de la capital alicantina, seguirán en uso, aunque limitadas a una comisaría de distrito, una función mucho más ajustada a su tamaño. La Administración había planeado abordar una reforma del bloque para darle un lavado de cara y adaptar las dependencias al uso que tendrán a partir de ahora, pero la crisis económica ha hecho que estos trabajos queden, por ahora, pendientes de concretar.

Los demás policías desarrollarán su labor en el imponente edificio construido en los últimos dos años en el barrio de Benalúa, en la calle Isabel la Católica, sobre el solar del antiguo cuartel de la Policía Armada. Antes del derribo en el 2007, este inmueble albergaba las oficinas del DNI y el pasaporte, junto con otros departamentos policiales.

La nueva comisaría destaca por su diseño, con el que se busca acercar la institución policial al ciudadano, y por su funcionalidad. Consta de dos sótanos, un semisótano con galería de tiro, vestuarios y aparcamiento, una planta baja para atención al público y tres alturas ocupadas por oficinas de las brigadas y de los mandos del Cuerpo Nacional de Policía. El número de calabozos, habilitados para 80 detenidos, evitará colapsos como los que se producen hoy en día y que obligan en ocasiones a derivar arrestados a otros centros policiales.

La empresa encargada de llevar adelante el proyecto ha sido Vías y Construcciones, cuyos responsables pretendían acortar los 26 meses del plazo de ejecución para entregar la obra a finales del 2008 o comienzos del 2009. Sin embargo, la situación económica por la que atraviesa el país hizo que, por causas ajenas a la adjudicataria, este propósito no se pudiese cumplir.

Independientemente de cuándo se produzca la ocupación real del edificio, el Ministerio del Interior prevé celebrar una inauguración oficial durante el mes de julio. La fecha se dará a conocer en breve, ya que se está a la espera de cerrar las agendas de las autoridades que acudirán al acto, según las fuentes consultadas por este diario.