Trabajadores de las harineras
temen por sus empleos ante el posible cierre de las fábricas
El grupo socialista en el Ayuntamiento reclama al gobierno local que exija a las mercantiles la continuación de la actividad si abandonan la avenida de Elche

El desmantelamiento y el cierre de las dos fábricas de harinas situadas en la avenida de Elche de Alicante -Bufort y Cloquell- puede llevar al paro a alrededor de ochenta trabajadores. Así lo ha transmitido los representantes de estos empleados al grupo socialista en el Ayuntamiento. Los portavoces del PSOE, Roque Morenos y Carmen Sánchez Brufal, comparecieron ayer para exponer su preocupación y para exigir al alcalde, Luis Díaz Alperi, que reclame a las harineras la continuidad de la actividad en el caso de que cierren las actuales instalaciones debido a su intención de urbanizar los terrenos de la avenida de Elche.La reacción de los trabajadores y de los socialistas se produce a raíz de conocerse a través de La Verdad (el 1 de mayo pasado) de que las empresas Bufort y Cloquell han solicitado al Ayuntamiento que inicie el procedimiento para adjudicar el desarrollo urbanístico del suelo que ocupan las fábricas. Se trata de la conocida como unidad de ejecución número dos del plan parcial Benalúa Sur. La número uno está ya en ejecución.Después de que representantes de los trabajadores se reunieron con los portavoces del PSOE, éstos comparecieron ayer ante los medios de comunicación. Basaron sus itervenciones en al riesgo de que los empleados pierdan sus puestos de trabajo. Los ediles del PSOE advirtieron de que el convenio firmado en su día por el alcalde con las harineras para la salida de las fábricas no especifica el traslado efectivo, sino sólo el desmantelamiento. No obstante, Sánchez Brufal recordó que en los debates mantenidos posteriormente, así como en declaraciones públicas del alcalde, se insistió en que el acuerdo pretendía el cierre en la avenida de Elche y la apertura en otro lugar.Los socialistas plantean incluso que, en el caso de que harineras se acogieran a la literalidad del convenio, el Ayuntamiento debería reducir la compensación prevista y recogida igualmente en este documento. Se trata de 10.200 metros cuadrados construidos, donde, en un principio, la promotora adjudicataria de la urbanización y el desarrollo del suelo sólo podría construir ahora viviendas de protección. Los cálculos realizados en su día por una y otra parte para establecer la compensación municipal se hicieron en base a que se pudiera construir pisos de renta libre. En este sentido, Roque Moreno señaló que el convenio no recoge si las viviendas debían ser libres o protegidas.En cualquier caso, ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento y, en concreto, de la Gerencia de Urbanismo. Las fuentes municipales consultadas por este diario explicaron que la legislación establece un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud por parte de las harineras para que el Pleno apruebe las bases y el concurso para la adjudicación de la urbanización de la citada unidad de ejecución.

Esta noticia ha desembocado en sucesivos cortes de la Avenida de Elche y movilizaciones de los trabajadores.